Colombia ratificó la Convención de los Derechos del Niño a través de la Ley 12 de 1991, y se comprometió a adecuar toda su legislación a sus postulados, abandonando así la concepción de menor en situación irregular que se tenía hasta el momento, para dar paso a la doctrina de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes como sujetos especiales de derecho que nace a partir de la expedición de este tratado. El cambio conceptual define profundas transformaciones en el derecho de familia, infancia y adolescencia, uno de los más significativos fue entender que esta categoría del derecho no solo se funda en el componente jurídico sino que requiere además de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.

Teniendo en cuenta la nueva doctrina y en cumplimiento de los preceptos emanados de la Ley 12 de 1991, el 8 de noviembre de 2006, Colombia expidió la Ley 1098 o Código de la Infancia de la Adolescencia, que en su Libro Segundo se ocupa del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas de delitos, así como la necesidad de empezar a configurar un Sistema Penal Juvenil que garantice la verdad, la justicia y la reparación del daño, además que se ocupe del restablecimiento efectivo de sus derechos, asumiendo que se trata de un ser humano en formación. De esta manera, el proceso y la sanción darían cumplimiento al carácter pedagógico, diferenciado y restaurativo que les asigna el artículo 140 de la Ley 1098 de 2006.